JPMorgan Chase está impugnando agresivamente una orden judicial que le exige cubrir los 142 millones de dólares en honorarios legales acumulados por Charlie Javice y Olivier Amar, el fundador y director de marketing de la ahora desaparecida startup de ayuda financiera Frank. El banco adquirió Frank por 175 millones de dólares en 2021, solo para descubrir más tarde que el número de clientes de la empresa se había inflado drásticamente mediante prácticas fraudulentas.
Tanto Javice como Amar fueron condenados a principios de este año por defraudar a JPMorgan. Javice recibió una sentencia de siete años de prisión. A pesar de las condenas, un juez dictaminó inicialmente que JPMorgan debe cubrir sus costos legales. El banco ahora busca revocar esta decisión, argumentando que los gastos legales son excesivos e injustificados.
La disputa se centra en la naturaleza de los gastos reclamados por el equipo legal de Javice. JPMorgan alega que la facturación incluía cargos exorbitantes y cuestionables, como mejoras de hoteles de lujo, facturación por jornadas laborales de 24 horas e incluso compras de mantequilla para la celulitis, un humectante de alta gama. Michael Pittinger, abogado de JPMorgan, describió el caso como sin precedentes por sus “abusos extremos”.
El portavoz de Javice respondió que todos los gastos se realizaron de conformidad con las políticas internas de JPMorgan. Según el portavoz, Javice “no cobró ni vio ningún gasto” y sólo compró artículos como helados de acuerdo con el código de conducta del banco. La afirmación es que Javice nunca solicitó un reembolso por nada explícitamente prohibido según las pautas proporcionadas por JPMorgan.
La cuestión central es si JPMorgan tiene la responsabilidad de la defensa legal de personas condenadas por defraudar al banco. El caso destaca los riesgos de adquirir nuevas empresas de rápido crecimiento sin una debida diligencia rigurosa. También plantea dudas sobre hasta qué punto las grandes corporaciones son responsables de las acciones de sus entidades adquiridas, incluso cuando esas acciones implican una conducta delictiva. El intento de JPMorgan de revocar la orden del juez probablemente sentará un precedente para casos similares, al determinar si se puede obligar a las empresas a financiar la defensa legal de los ejecutivos declarados culpables de fraude.
El resultado de esta disputa determinará la forma en que las instituciones financieras aborden las adquisiciones y gestionen la responsabilidad legal en el futuro. Subraya la importancia de procesos de investigación exhaustivos y acuerdos contractuales claros para proteger contra comportamientos fraudulentos y costos legales excesivos.
