La administración Trump ha dado un paso decisivo hacia la nacionalización del control sobre la regulación de la Inteligencia Artificial (IA), emitiendo una orden ejecutiva que podría penalizar financieramente a los estados con leyes de IA consideradas demasiado restrictivas. La medida, defendida por el capitalista de riesgo tecnológico David Sacks, un asesor clave del presidente en inteligencia artificial y criptomonedas, tiene como objetivo agilizar la innovación limitando la supervisión a nivel estatal.
El núcleo del orden: supremacía federal en IA
La orden ejecutiva establece explícitamente que las empresas estadounidenses de inteligencia artificial deben operar libres de “regulaciones engorrosas” para mantener la competitividad, particularmente frente a China. Para hacer cumplir esto, el gobierno federal puede retener las subvenciones para el acceso a Internet de alta velocidad de los estados que promulgan leyes de IA que entran en conflicto con las políticas de la administración. Este apalancamiento financiero podría efectivamente obligar a los estados a alinearse con un marco regulatorio más flexible.
El momento de la orden es notable. A medida que estados como California y Nueva York comienzan a implementar requisitos de transparencia, protección a los denunciantes y salvaguardas para los usuarios adolescentes, el gobierno federal está haciendo valer su autoridad. La medida se produce a pesar de la creciente preocupación pública por la influencia desenfrenada de la IA, destacada por demandas recientes contra OpenAI relacionadas con suicidios de adolescentes después de interacciones con chatbots.
Reacción y controversia: ¿un regalo para Silicon Valley?
Los críticos ya están presentando la orden como una victoria para los oligarcas tecnológicos. Michael Kleinman, del Future of Life Institute, lo llamó un “regalo para Silicon Valley”, señalando que ninguna otra industria importante disfruta de una falta tan completa de supervisión básica de la seguridad. La realidad es que el desarrollo de la IA, a diferencia de los productos farmacéuticos o incluso de la cosmetología, opera en gran medida sin protecciones impuestas legalmente.
El intento anterior de la administración de imponer una moratoria de 10 años sobre la regulación estatal de la IA, denominada “Ley One Big Beautiful Bill”, fracasó espectacularmente en el Senado, y fue aprobada con sólo un voto en contra de 100. La orden ejecutiva actual enfrenta un escepticismo similar, particularmente de facciones conservadoras que se oponen a la desregulación liderada por la industria. Incluso algunos aliados de Trump, como Steve Bannon, se mantienen firmemente en contra de flexibilizar la supervisión.
El panorama general: por qué esto es importante
La centralización de la regulación de la IA bajo el gobierno federal plantea cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad y la seguridad pública. Estados Unidos es una de las últimas economías importantes que permite este nivel de crecimiento no regulado. Si esta orden ejecutiva se mantiene, consolidará la posición del país como refugio para el desarrollo desenfrenado de la IA, una medida que podría acelerar la innovación, pero al costo potencial de la protección del consumidor y la estabilidad social. Queda por ver si los tribunales o la oposición política suspenderán la orden.
